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¿Por qué piden prohibir la caza deportiva en Colombia?

La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que se declare esa práctica como inconstitucional.

Las amenazas contra el oso hormiguero incluyen la destrucción de su hábitat y la caza.

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría le pidió al alto Tribunal que declare la caza deportiva como inconstitucional.

La Corte estudia una demanda de inconstitucionalidad a varios artículos del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (expedido en 1974) y el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (1989) que reglamentan la caza deportiva en el país y que, a juicio de la demandante, vulneran principios como el derecho a un medioambiente sano y la protección de las riquezas naturales.

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Para el Ministerio Público no existe una justificación válida que permita determinar que la caza deportiva es necesaria “y que el sufrimiento que padecen los animales sea razonable o proporcional”.

En su concepto, la Procuraduría también argumentó que la caza deportiva no se justifica en razones de subsistencia, ni de control poblacional de las especies.

No existe una justificación válida que permita determinar que la caza deportiva es necesaria y que el sufrimiento que padecen los animales sea razonable o proporcional

Además, para el órgano de control “matar a un animal por recreación es desconocer los progresos alcanzados en materia de protección ambiental en el país”, puesto que, dice, las normas que reglamentan esa actividad son contrarias a la dimensión ecológica de la Constitución Política de 1991.

Es por esto que la Procuraduría expresó que la caza deportiva desconoce el deber de proteger a los animales como seres sintientes y no como cosas.

“Es imperioso que se retiren del ordenamiento jurídico las normas demandadas, que permiten la muerte, tortura y mutilación de los animales exclusivamente para recrear al ser humano”, señaló el Ministerio Público.

Además, agregó que el Estado “se ha quedado corto” en reglamentar avances en materia de protección y bienestar animal pues aún existen normas que avalan el maltrato de los animales por la simple satisfacción y recreación de las personas.

Por último, en el concepto, la Procuraduría solicitó a la Corte que los efectos de declarar inconstitucionales las normas demandadas no sean inmediatos sino diferidos en el tiempo “para reducir la afectación a los derechos de quienes actualmente desarrollan esa actividad amparados en el régimen vigente”.

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